Apostilla chilena cumple diez años

En agosto de 2016 comenzó a regir en Chile el Convenio de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, conocido como "Convenio de la Apostilla". En palabras del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se estaba dando "un golpe a la burocracia y a la tramitología (...), simplificando los trámites para legalización de documentos internacionales (...) una sola parada, en vez de la procesión que tenía que hacer la gente por distintos Ministerios y reparticiones públicas”.

Pero, ¿qué es el Convenio de La Haya y la Apostilla? Se trata de un acuerdo internacional que se adoptó el 5 de octubre de 1961, en La Haya (Países Bajos), cuyo objetivo es hacer más sencilla la autenticación de documentos públicos que deben ser utilizados en otro país, facilitando así su circulación entre los Estados parte. 

El camino para la implementación de la Apostilla en Chile

Transcurrieron cinco décadas y media para que nuestro país adoptara la Convención. Antes de 2016, los documentos chilenos que se usaban en el extranjero tenían que pasar por una cadena de legalizaciones ante diversos funcionarios, tanto nacionales como del Estado en el que serían presentados. Así, por ejemplo, un certificado de nacimiento se autenticaba en el Servicio de Registro Civil, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) y el Consulado del país correspondiente; todo lo anterior, en Santiago. Finalmente, la secuencia culminaba en la nación de destino, con la validación en la Cancillería local.

Fue durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera (2010-2014) que la idea de implementar la Apostilla en Chile tomó más fuerza. En diciembre de 2013, luego de poco más de un año de discusión en el Legislativo, se promulgó la Ley 20.711, mediante la que, además de adoptar la Apostilla, se modificó el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y se determinó dictar un marco regulatorio. Correspondió al MINREL liderar la confección del Reglamento, aprobado por Decreto N°81 del año 2015. Con ello, se dio luz verde a la implementación de la certificación.

Apostillar se convierte en un verbo de uso común para el chileno

En diciembre de 2012, Chile efectuó el depósito del Instrumento de Adhesión del Convenio que Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, convirtiéndose en el Estado Contratante 112. El país comprometió su entrada en vigor el 30 de agosto de 2016, fecha en la que "apostillar", se convirtió en un verbo de uso regular para los chilenos.

El Decreto N° 81 se publicó el 28 de noviembre de 2015. Este cuerpo legal indica que las autoridades chilenas competentes para apostillar son:

• Ministerio de Justicia (MINJUSTICIA), por medio del Subsecretario de Justicia y SEREMIS de Justicia: documentos emitidos por Notarías Públicas, Archiveros Judiciales, Conservadores de Bienes Raíces así como por los servicios dependientes de dicho Ministerio así como sentencias y otras resoluciones dictadas por Tribunales.
• Servicio de Registro Civil (SRCeI): Director Nacional del Registro Civil y Directores Regionales: documentos emitidos por dicho Servicio.
• Ministerio de Educación (MINEDUC), a través de sus SEREMIS de Educación: certificados de estudios básicos, medios y superiores y documentos que acrediten puntajes obtenidos en evaluación de selección universitaria.
• Ministerio de Salud (MINSAL), por intermedio de sus SEREMIS de Salud, Directores de Servicios de Salud e Intendente de Prestadores de Salud: documentos que contengan firmas de autoridades del MINSAL o profesional del área que acredite estado de salud de una persona o prescriba algún tratamiento o medicación.

La Cancillería, a través de su Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, puede apostillar todo documento público emitido por cualquier autoridad.

El citado cuerpo legal también definió la forma de la Apostilla: un certificado que podrá ser impreso en un papel blanco tamaño carta, con campos como país, individualización del signatario y los datos de la certificación. 

La Apostilla chilena adoptó, además, tres características únicas: 

Es electrónica: el país adoptó la modalidad "e-Apostilla" (innovando al momento de su implementación, cuando solo España, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Argentina y Perú contaban con esta modalidad). La certificación del documento es realizada a través de firma electrónica avanzada y puede ser verificada en cuanto a su autenticidad a través de un sistema de consulta en línea.

Es descentralizada: los usuarios pueden acudir a los servicios y autoridades competentes para autenticar sus documentos en todas las Regiones, lo que evita traslados a Santiago.

Es gratuita: El trámite no tiene costo para los usuarios 

Diez años en cifras

Han pasado diez años desde la implementación de la Apostilla, hecho que sin duda vino a simplificar la circulación de documentos, tanto chilenos en el exterior como extranjeros en Chile. De acuerdo con el Sistema Electrónico Único de Apostillas, en este periodo se han realizado 10.551.921 certificaciones.

En la primera década de uso de Apostilla, los cinco documentos públicos chilenos que más se han autenticado son: Certificado de Nacimiento para Todo Trámite (2.315.584), Certificado de Antecedentes para Fines Especiales (1.774.273), Certificado de Antecedentes para Fines Particulares (1.031.181), Documentos Notariales (597.961) y Certificado de Nacimiento para Asignación Familiar (497.532).

En 2025, se tramitaron un total de 2.128.987 Apostillas. Se desagrega la cifra por institución realizadora del trámite:

• SRCeI: 1.792.975
• MINEDUC: 167.012
• Subsecretaría de Justicia: 121.021
• MINREL: 39.209
• MINSAL : 8.770

Finalmente, un paso relevante en la digitalización de este servicio fue en 2022, cuando el SRCeI dispuso que 28 certificados pueden ser apostillados en línea, en el mismo momento en que son solicitados a través de su sitio web, entre ellos: Acuerdo de Unión Civil, Anotaciones vigentes de vehículos motorizados, Antecedentes (fines especiales y particulares), Nacimiento, matrimonio y defunción, Discapacidad e Inscripción de Vehículos.

Revisa aquí, el listado de los Estados que son actualmente parte del Convenio de La Haya.